joaquín bascuñán

Seremi del Trabajo destacó aprobación de iniciativa que permite la inclusión laboral para personas en situación de discapacidad

El pasado 4 de abril el Senado despachó para ser promulgada la modificación a la ley 20.422 para establecer de manera explícita la prohibición de todo acto de discriminación que se traduzca en exclusiones o preferencias basadas en motivos de discapacidad tanto para el sector privado como para el público.

El Seremi del Trabajo y Previsión Social de la Araucanía Joaquín Bascuñán destacó este avance, señalando que “esta iniciativa es el punto de inicio para un proceso de cambio que nos llevará a construir país más integrado, en el que se valora y reconoce el aporte de todos sus ciudadanos”.

Según lo explicado por el representante, con esta ley nuestro país da un gran paso en materia de equidad e inclusión para que miles de personas, marginadas del mundo laboral, puedan incorporarse.

ALCANCES

Desde la aprobación de la Ley hay 6 meses para el diseño del reglamento con lo que esta puede ser promulgada. Con la entrada en vigencia de la Ley, las empresas con 200 o más empleados deben adoptar esta normativa, luego de un año será el turno de las que tengan 100 o más trabajadores. En La Araucanía son 121 las empresas con más de 200 trabajadores y 150 las con 100 o más.

Bascuñán explicó que “como Gobierno y como Ministerio del Trabajo hemos apuntado a un enfoque de inclusión a través de los programas de capacitación regulares y fortaleciendo el sistema de intermediación laboral para promover la entrada al mundo del trabajo a las personas con discapacidad. Esta iniciativa incorpora a las políticas públicas un foco de equidad y abre un espacio de oportunidades en el empleo para las personas con discapacidad y reinserción laboral de personas con pensión de invalidez”.

Por otro lado, la nueva Ley establece la obligación permanente de los Ministerios del Trabajo y de Desarrollo Social de evaluar esta ley cada 4 años, teniendo en cuenta la naturaleza cambiante del mercado laboral y la necesidad de ir adecuando el sistema de inclusión, sin embargo, solo para el inicio de la norma se estableció un plazo de 3 años para su revisión, lo que implica que ambos ministerios emanarán un informe al congreso para evaluar si el porcentaje se mantiene o se eleva, o si cambia el tamaño de las empresas que deban acogerse a la norma.

“Nosotros estamos en sintonía con los esfuerzos que se están llevando adelante en materia de integración laboral y como ha señalado la Ministra Alejandra Krauss, el crecimiento económico, la productividad y el bienestar de nuestro futuro serán más sostenibles con la incorporación activa a la fuerza de trabajo de diversos grupos insertos en nuestra sociedad. Por razones de justicia no podemos excluir a nadie de participar en la vida activa del país”, finalizó Bascuñán.

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