TPP: la ley que amenaza con censurar Internet en Chile

Desde que el mundo supo de la amenaza que representaban leyes como SOPA, PIPA, ACTA y SINDE para la libertad de expresión en Internet, las aguas realmente se han agitado. Las protestas y palabras de repudio contra estas leyes, además de otros hechos como la censura en Twitter y el cierre de Megaupload, han sido constantes y en gran cantidad.

Ahora, si creían que lo peor había pasado y que medidas como estas nunca afectarían directamente a Chile, por favor lean esto: tras la fachada de un gran tratado de libre comercio, se encuentra la propuesta de Estados Unidos para un proyecto de ley sobre derechos de autor en Internet que podría alterar la legislación chilena con medidas tan severas como las que incluía la ley SOPA; hablamos del Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica -o TPP, por sus siglas en inglés-.

Formulado por United States Trade Representative (USTR) -la representación comercial de EEUU-, el TPP es un acuerdo suscrito el 3 de junio de 2005 que apunta a liberalizar aún más las economías de la región del Asia Pacífico -Chile, Perú, Brunei, Nueva Zelanda, Singapur, Australia, Malasia, Japón, Vietnam y Estados Unidos-. Como pasa con muchos de estos acuerdos de última generación, sus alcances incluyen el tema de la propiedad intelectual, por lo que puede tener implicaciones directas sobre los temas de derechos de autor y en cómo estos se aplican a la difusión de la cultura y al uso de Internet. Ya va en su décima jornada de negociaciones y la próxima será en marzo, en Los Ángeles, EEUU.

Sus negociaciones, definidas como de carácter privado por la Dirección de Relaciones Internacionales (DIRECON), sólo han podido ser conocidas públicamente gracias a la filtración del capítulo referido a la propiedad intelectual, hecha en febrero de 2011 por la ONG norteamericana Knowledge Ecology International (KEI).

En la filtración se revelan que varios puntos de la TPP se asemejan mucho a la repudiada ley SOPA. Lo más grave, según los especialistas, es el incentivo a los proveedores de servicios de cooperar con los propietarios de derechos de autor en la disuasión de almacenamiento no autorizado y transmisión de material protegido. Esto quiere decir que proveedores de servicios de Internet, motores de búsqueda como Google, redes sociales como Facebook o portales de videos como Youtube estarían obligados a bloquear accesos a presuntos infractores, transformándose así de buscadores en policías. De aprobarse la medida, éstos se encargarían de ejercer las sanciones a los usuarios sin la necesidad de pasar antes por un tribunal, como impone actualmente el protocolo que rige en Chile.

Otra medida que propone el proyecto de la USTR es la ampliación de los plazos de protección de obras de derechos de autor. Si la mayoría de los países respetan los derechos de autor 50 años después de publicada una obra y Chile lo elevó a 70, el TPP busca extenderlos hasta 95; de esta formas, el tiempo de espera para que las obras salgan al dominio público será mayor.

La propuesta también eliminaría cualquier posibilidad de importación paralela, concediéndole al titular de los derechos de autor la posibilidad de restringirla. Es decir, la importación de productos fabricados legalmente fuera de los canales de distribución autorizados por el fabricante – el también llamado “mercado gris”- ya no sería posible.

Daniel Álvarez, abogado de la ONG Derechos Digitales y profesor de privacidad y tecnología de la U. de Chile, apunta que, al igual que otros expertos de la materia, que los principales favorecidos con estas medidas son los intereses de EEUU. “El problema de todas estas disposiciones es que protegen a una industria súper específica, la norteamericana. Terminamos convertidos en medios importadores de tecnología”, explica Álvarez, quien participó en el foro de la novena mesa de negociaciones realizada en Lima, Perú, el 21 de octubre de 2011.

Para averiguar detalles sobre los avances de las negociaciones, Derechos Digitales ha mantenido varios encuentros con la DIRECOM e incluso apelaron al Consejo de Transparencia, pero la acción les fue denegada. La razón: la seguridad nacional y la estabilidad de las negociaciones comerciales.

“La diferencia es hacer algo ahora y no después cuando ya no haya nada más que hacer salvo aceptar o rechazar. Evidentemente, el ejecutivo va a querer aceptarlo porque ya lo negoció. Ahí ya va a ser demasiado tarde”, explica el presidente de Derechos Digitales, Claudio Ruiz. Por su parte, el vicepresidente de la ONG, Francisco Vera, cuenta que “este tipo de legislaciones se vienen haciendo desde hace tiempo. Con cada proyecto de ley se intenta cercenar más las posibilidades de acceso al conocimiento. Se vulnera el acceso a la información, la libertad de expresión y terminan por desmantelar como conocemos hoy Internet”.

En resumen el TPP, esta propuesta, se trata de una ley restrictiva que sólo beneficia a las empresas transnacionales que quieren proteger sus ganancias e incrementar el monopolio y que amenazan a la democracia que existe en Internet: la libertad de decir lo que uno quiera, de poder acceder libremente al conocimiento y divulgarlo sin barreras que lo impidan; eso forma parte de los Derechos Humanos. Además, aunque diga que busca incentivarlo, el TPP trunca el crecimiento económico autónomo de los países, al ver que tienen bloqueado el acceso a las nuevas tecnologías, no sólo en el campo de las telecomunicaciones, sino también en el campo de la medicina, la alimentación, la mecánica, entre otras, a causa de cláusulas restrictivas que sólo favorecen a los intereses de las grandes empresas norteamericanas. Eso es algo por lo que hay que protestar en contra.

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